El presente informe, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, ofrece un análisis exhaustivo del uso de la fuerza letal en Chile durante el periodo 2020-2022, en el marco del Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina y El Caribe. Este estudio aborda el contexto sociopolítico, el marco normativo y los resultados empíricos relacionados con la aplicación de fuerza letal por parte de las instituciones de seguridad y defensa. 

El análisis identifica un persistente déficit de regulación democrática del uso de la fuerza, limitada a un marco normativo infralegal y disperso entre las siete instituciones habilitadas para el uso de armas en el país. Además, se observa una zona gris en la regulación y rendición de cuentas sobre el porte y uso de armas letales por parte de agentes de seguridad en situación de franco o en retiro, registrándose 11 casos de civiles muertos en este contexto que no son reportados institucionalmente como acciones en servicio. 

Tras una disminución en 2020 y 2021, la tasa de civiles muertos por acción de agentes de seguridad pública se incrementó en 2022 a 0.096 por cada 100 mil habitantes, con las tasas de letalidad de las principales instituciones policiales equiparándose durante el periodo. La investigación también destaca la discrecionalidad en la entrega de información oficial por parte de algunas instituciones de defensa y seguridad, donde una de las principales instituciones de investigación declaró no disponer de datos sobre civiles o agentes heridos/muertos en sus operativos, mientras que la prensa, aunque ejerce un rol de supervisión, presenta sesgos y subregistros.

El perfil de las víctimas indica que la totalidad de los civiles fallecidos son hombres, predominantemente jóvenes (promedio inferior a 30 años), incluyendo al menos tres menores de 18 años. Los incidentes letales suelen ocurrir en el contexto de delitos flagrantes y controles policiales, donde la narrativa de «legítima defensa» es predominante, incluso cuando el riesgo inminente para la vida no siempre se verifica. En el periodo analizado, cinco agentes de seguridad pública fallecieron por arma de fuego en servicio, dos de ellos en 2022, y en algunos de estos casos se cuestionó la planificación operativa y la responsabilidad de mando. 

El informe subraya un alto grado de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos del estallido social (solo el 0.2% de condenas y ningún alto mando imputado), y la sobre-politización del debate sobre seguridad que ha validado respuestas letales y cuestionado los principios de derechos humanos, a menudo favoreciendo a los agentes involucrados en letalidades. 

Ante este panorama, se recomienda la creación de un cuerpo normativo único con rango de ley para todas las instituciones de seguridad y defensa, que garantice el apego a estándares internacionales y establezca mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas. Asimismo, se insta a la obligación de informar sobre el uso de armamento letal y no letal (incluyendo situaciones de franco y retiro), a la institucionalización de comités internos de supervisión para analizar casos y generar recomendaciones preventivas, y a asegurar una mayor transparencia y publicidad en la persecución penal de los homicidios cometidos por agentes de seguridad pública para combatir la desinformación y las decisiones políticas erradas..