El director del CESC y académico de la Facultad de Gobierno, Claudio González, advirtió que el miedo está moldeando el debate sobre seguridad en esta segunda vuelta presidencial, desplazando discusiones centrales como el histórico aumento de la población penitenciaria, que cerraría 2025 en su nivel más alto desde 2010. Enfatizó la importancia de recuperar una política criminal sustentada en evidencia y con foco en gestión. “La falta de masa crítica y gestión es muy perjudicial para la política pública”, señaló.

En el marco del Foro Hablemos TodUs, organizado por el Senado Universitario y Radio UChile, el director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudio González, analizó las propuestas en seguridad pública de cara a la segunda vuelta presidencial en el país. En la instancia, advirtió sobre el miedo en el debate público y la ausencia de discusiones centrales en plena coyuntura electoral, como el encarcelamiento masivo y el desarrollo integral de una política criminal.

“La mayor lucha de nuestro campo de investigación es justamente cómo reducir la emoción al momento de elaborar políticas públicas (…) Hemos estado sometidos a un estrés social en los últimos cuatro o cinco años, y por eso ha sido tan fácil mover el avispero del miedo con efecto en el campo de las políticas públicas”, explicó el académico.

La actividad también convocó al decano de la Facultad de Economía y Negocios UCHILE, José de Gregorio, la académica y coordinadora general de la Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado, Anahí Urquiza y al académico de la Facultad de Gobierno, Sergio Micco.

Durante su intervención, el director del CESC reflexionó sobre el miedo como un motor que condiciona el diseño de propuestas racionales en el área. Así, señaló que la política criminal se tensiona durante los ciclos electorales, donde “la criminalidad se ha vuelto una de las bases más importantes en la batalla que se da en el contexto de elecciones, donde incluso existe una convergencia de agendas”.

Frente al predominio de un enfoque bélico en el debate, González llamó a hablar de “política criminal” más que de “seguridad”, enfatizando que este concepto no logra abordar la complejidad de los fenómenos criminológicos asociados a la inseguridad y la reacción del Estado frente al crimen.

Uno de los puntos críticos de su análisis fue la preocupación por la histórica alza en la tasa de encarcelamiento, que, según los últimos datos de la Estadística General Penitenciaria de Gendarmería de Chile, cerrará este 2025 con el nivel más alto registrado en el país, superando el peak alcanzado en el año 2010. En concreto, 290 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes.

González cuestionó las propuestas orientadas a expandir la población penitenciaria y recordó la abundante evidencia sobre los efectos adversos del encarcelamiento masivo. A su juicio, este será “el problema más importante” del próximo ciclo en política criminal.

También lamentó la ausencia de debate sobre penas sustitutivas, y advirtió sobre la instalación de un lenguaje público que favorece soluciones “extravagantes” o “excéntricas”, producto de lo que denominó una “contaminación discursiva” basada en el miedo. Entre estas tendencias mencionó la referencia a modelos como el de El Salvador y su política de “pesca de arrastre”.

Pese a su diagnóstico crítico, González destacó que el gobierno saliente deja un desarrollo institucional favorable, con avances como la Política Nacional contra el Crimen Organizado (2022), la creación de la Fiscalía Supraterritorial, el Ministerio de Seguridad Pública y procesos de reforma en Carabineros y la PDI. 

Asimismo, resaltó que la tasa de homicidios ha mostrado estabilización y una baja reciente, de acuerdo al último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile realizado por el Observatorio de Homicidios, que agrupa a las principales instituciones de seguridad en el país.

El director del CESC proyectó que el debate público transitará desde el crimen organizado hacia el desafío del encarcelamiento masivo, insistiendo en la necesidad de fortalecer la alfabetización ciudadana sobre los distintos tipos de delincuencia y recordando que “no todo es crimen organizado”.