¿Cómo abordar los desafíos estructurales que siguen limitando el acceso de niños, niñas y adolescentes a una justicia verdaderamente garante de sus derechos, reconociendo la diversidad de trayectorias, contextos y necesidades que los atraviesan?

En América Latina y Chile, la juventud no es una realidad homogénea: las experiencias varían profundamente según el género, la pertenencia étnica, el territorio, la situación migratoria o la institucionalización previa, lo que exige enfoques diferenciados de intervención y el fortalecimiento de competencias profesionales para abordarlas desde el campo social, jurídico y comunitario (UNICEF, 2021; Comité de Derechos del Niño, 2019).

El Diploma de Postítulo “Criminología y Justicia Juvenil: prevención, derechos y enfoques diferenciados”, impartido por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, es un programa de formación interdisciplinario, 100% en línea, dirigido a profesionales de América Latina y Chile que buscan fortalecer sus conocimientos y capacidades para diseñar, implementar y evaluar intervenciones en materia de juventud, violencia y justicia juvenil.

En nuestra región, los y las jóvenes enfrentan tasas de desempleo que duplican el promedio general, alta deserción escolar, precariedad habitacional y exclusión política y social (CEPAL, 2021). Estas condiciones de vulnerabilidad estructural se intersectan con fenómenos como el consumo problemático de sustancias, la violencia intrafamiliar, la criminalización territorial y la desprotección institucional. En este escenario, la violencia y el crimen afectan de manera desproporcionada a los jóvenes de la región, convirtiéndolos con frecuencia en víctima, testigo o autores de hechos de violencia, generando una asociación persistente entre juventud y peligrosidad (Muggah & Aguirre, 2020; Barker et al., 2021; World Health Organization, 2024).

Frente a este panorama, la región avanza de manera dispar en el fortalecimiento de sistemas especializados de justicia juvenil, capaces de garantizar derechos, proporcionalidad, alternativas al encierro y procesos restaurativos, tal como exigen la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), las Reglas de Beijing (1985) y las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño. Esto refuerza la necesidad de programas académicos como este, que impulsen una formación especializada y comprometida con la transformación institucional.