Las exposiciones abordaron los desafíos que la criminalidad digital plantea a la criminología y la política criminal, junto con la construcción de una matriz de riesgo basada en evidencia para la implementación de la nueva regulación de seguridad privada.

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile participó en el IV Congreso Internacional SeguridadExpo 2026, a través de su director, Claudio González, y de la coordinadora de Investigación, María José del Solar. La instancia reunió a autoridades públicas, policías, académicos y representantes del sector privado para discutir los principales desafíos de la seguridad pública y privada en el país.

En el panel “Cibercrimen: Definición desde la perspectiva global”, el director del CESC, Claudio González, abordó la relación entre el conocimiento académico y la toma de decisiones en materia de seguridad, con especial atención a la forma en que la evidencia criminológica puede contribuir al diseño de políticas públicas.

El académico destacó la coproducción como una vía para generar evidencia que contribuya  al diseño de políticas integrales en contextos de alta complejidad. En contraste, advirtió que cuando esta articulación no se produce, el debate puede dar espacio a simplificaciones y fenómenos como el denominado “populismo penal”. 

 “La politización del debate sobre lo criminal plantea una dificultad para la incorporación de conocimiento científico, porque tal como está planteado da espacio a elementos que no se evalúan necesariamente desde la evidencia. En Chile hemos avanzado en la coproducción, pero todavía existen restricciones para utilizar ciertos datos públicos en la investigación. Creo que ahí tenemos una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la academia y las decisiones de política criminal”, sostuvo.

Al profundizar en las dinámicas de la criminalidad digital, el académico señaló que estos cambios también comienzan a reflejarse en la formación y en los intereses de nuevas generaciones de criminólogos, ampliando los objetos tradicionales de estudio de la disciplina hacia fenómenos que hasta hace pocos años tenían menor presencia.

“Gran parte de nuestro desarrollo formativo en el campo proviene de un paradigma centrado en la delincuencia territorial, en determinados tipos de delitos y en perfiles relativamente definidos de infractores. El desarrollo del cibercrimen está tensionando ese paradigma, porque nos enfrenta a fenómenos que tienen dinámicas distintas y que obligan a la disciplina a ampliar sus objetos de estudio y sus formas de comprender la criminalidad”, expresó el académico.

Cibercrimen y desafíos para la persecución penal

González explicó que el avance del cibercrimen también plantea desafíos para la investigación y persecución penal. A su juicio, distinguir entre las distintas formas de criminalidad digital resulta necesario para determinar cuáles requieren capacidades especializadas y dónde deben concentrarse los recursos disponibles.

La complejidad de algunos casos está dada por factores como la sofisticación de las herramientas tecnológicas, la automatización de ataques, la anonimización de los actores, la transnacionalidad de las operaciones y las dificultades para seguir los flujos digitales y financieros. 

Frente a estas características, planteó la necesidad de distinguir entre distintas expresiones de criminalidad y evitar que categorías como “crimen organizado” se utilicen de manera amplia para fenómenos que requieren respuestas y capacidades de persecución diferentes:

“El Estado no puede perseguir todo lo que se etiqueta como crimen organizado, porque el mayor problema que hemos tenido en los últimos años es un estiramiento conceptual del término: hemos puesto bajo esa etiqueta una enorme cantidad de actividades ilegales que no necesariamente le corresponden”.

Hacia una matriz de riesgo basada en evidencia

Por su parte, la coordinadora de Investigación del CESC, María José del Solar, participó en el conversatorio “Revisión crítica de la matriz de riesgo”, organizado por la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores. En su ponencia, presentó el trabajo desarrollado por el CESC en la construcción de la matriz de riesgo de la nueva normativa nacional en seguridad privada.

La matriz es un instrumento técnico basado en evidencia empírica que permite evaluar y clasificar el nivel de riesgo —alto, medio o bajo— que determinadas actividades representan para la seguridad pública y que la Subsecretaría de Prevención del Delito utiliza para determinar qué empresas e instituciones quedan obligadas a implementar planes de seguridad privada de acuerdo con la Ley N.° 21.659.

En su exposición, la investigadora explicó que el estudio consideró tres aspectos principales: establecer el peso relativo de los distintos indicadores, identificar evidencia sobre su relación con la seguridad y determinar cuáles de ellos pueden ser medidos de manera efectiva.

La propuesta metodológica se construyó a partir de la prevención situacional, el enfoque epidemiológico y la criminología ambiental, considerando factores del entorno espacial e institucional asociados a distintos niveles de riesgo de violencia o delito.

“El delito es un fenómeno multicausal, donde los criterios no pueden mirarse de manera aislada. La evidencia corroboró nuestra premisa y permitió identificar potenciales indicadores que pudieran ser medibles”, explicó.

Uno de los principales desafíos estuvo en la disponibilidad de información, por lo que el CESC complementó los datos institucionales con antecedentes recogidos directamente de las entidades evaluadas y consultas a especialistas y actores vinculados a la seguridad pública y privada.

“El pilotaje fue acotado y permitió revisar su rigurosidad y usabilidad, pero necesitamos una evaluación más completa que permita seguir ajustando la herramienta a partir de la evidencia que se genere en Chile”, concluyó Del Solar.

Tanto el análisis del cibercrimen como el desarrollo de la matriz de riesgo para la seguridad privada pusieron en el centro la necesidad de generar conocimiento y herramientas basadas en evidencia, capaces de contribuir a decisiones de política criminal y a la implementación de nuevas respuestas frente a fenómenos en evolución.

Eric Monrroy, CESC