La actividad inaugural estuvo a cargo de la académica brasileña Karina Sposato, quien abordó los principales desafíos que enfrentan los sistemas de justicia juvenil en América Latina, con especial énfasis en la especialización, la protección integral y las tensiones derivadas del avance de respuestas punitivas en la región.

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile inauguró la primera versión del Diploma en Criminología y Justicia Juvenil con una charla magistral a cargo de la académica brasileña Karina Esposato, profesora de la Universidad Federal de Sergipe y especialista en derecho de infancia y adolescencia, derechos humanos, justicia juvenil y criminología.

A partir de la experiencia brasileña, Sposato abordó la evolución de los sistemas de responsabilidad penal adolescente, la consolidación del principio de especialización y las tensiones que genera el avance de respuestas punitivas en la región.

“Lo que cambia radicalmente es la concepción de la infancia y la adolescencia. Ya no estamos hablando de objetos de tutela, sino de sujetos de derechos, y eso tiene consecuencias muy importantes para el sistema de justicia. Cuando un adolescente entra en contacto con el sistema penal, no deja de ser un adolescente y, por lo tanto, debe recibir una respuesta diferenciada, especializada y acorde con su condición de persona en desarrollo”, subrayó la académica.

Uno de los ejes centrales de la charla fue el tránsito desde los modelos tutelares hacia la doctrina de la protección integral, proceso asociado al reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Desde esta perspectiva, Sposato planteó que la protección integral requiere comprender las distintas etapas del desarrollo humano y las necesidades particulares de la adolescencia, considerando no solo sus dimensiones biológicas y psicológicas, sino también aspectos vinculados con la pertenencia social, la educación, la formación, las comunidades y la incorporación al mundo del trabajo.

La discusión también se extendió a las nuevas formas de violencia y vulnerabilidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. En este ámbito, Sposato destacó que las transformaciones en las formas de interacción, violencia y victimización plantean nuevos desafíos para los sistemas de prevención y respuesta, que deben ser capaces de reconocer estas dinámicas sin perder de vista las características y necesidades particulares de quienes atraviesan la adolescencia.

La especialización como principio de la justicia juvenil

A partir de la experiencia en Brasil, Sposato explicó que una justicia juvenil especializada requiere contar con órganos de justicia, procedimientos, un sistema socioeducativo focalizado y sistemas de ejecución de sanciones específicos, así como una legislación diferenciada del régimen penal destinado a adultos.

En este sentido, la académica presentó el modelo brasileño como un sistema que combina elementos de responsabilización con una dimensión educativa. La existencia de una respuesta frente a la infracción, explicó, no elimina la necesidad de considerar las características propias de la adolescencia ni de desarrollar intervenciones con una orientación socioeducativa.

Esta perspectiva también supone distinguir entre las medidas de protección y las medidas de responsabilización, evitando que la intervención del sistema penal termine absorbiendo situaciones que requieren otro tipo de respuestas. Para Sposato, la protección integral debe articular distintos niveles de intervención y considerar las trayectorias de los adolescentes que llegan a la justicia juvenil.

Las “olas punitivas” y el desafío de un derecho penal mínimo

Como cierre, la profesora abordó las tensiones que actualmente atraviesan los sistemas de justicia juvenil en América Latina, particularmente frente al avance de propuestas orientadas a endurecer las respuestas penales.

“Hay que tener mucho cuidado con estas olas punitivas que estamos atravesando. Cuando se habla de inseguridad, de violencia urbana, de aumento de la criminalidad, muchas veces la primera respuesta que aparece es la respuesta penal y, dentro de ella, la respuesta penal más dura. Esto termina afectando también a los adolescentes, porque se empieza a pensar que aumentar las penas, reducir las edades de responsabilidad o endurecer las medidas va a resolver problemas que son mucho más complejos”, advirtió.

La académica explicó que en Brasil han surgido de manera recurrente iniciativas para reducir la edad de responsabilidad penal y ampliar los períodos de internación. Entre ellas, mencionó propuestas para reducir la edad penal a 14 o 16 años y otras que plantean aumentar hasta diez años los períodos de internación, frente a los tres años establecidos actualmente.

Frente a este escenario, Sposato planteó la importancia de avanzar hacia una concepción de “derecho penal mínimo”, reservando la intervención penal y particularmente la privación de libertad para aquellos casos en que resulte estrictamente necesaria. Esta perspectiva busca evitar que las respuestas frente a las infracciones terminen profundizando las condiciones de vulnerabilidad y exclusión que hayan marcado previamente las trayectorias de los adolescentes.

Durante la actividad, el coordinador académico del Diploma, Cristhián Orellana, vinculó los principales planteamientos de la exposición con los desafíos actuales de la justicia juvenil en Chile, destacando la importancia de fortalecer respuestas especializadas, con enfoque de derechos y pertinentes a las trayectorias y necesidades de los y las adolescentes.

La primera versión del Diploma en Criminología y Justicia Juvenil: Prevención, Derechos y Enfoques Diferenciados continuará durante los próximos meses abordando, desde una perspectiva interdisciplinaria, el análisis criminológico de las conductas infractoras, las trayectorias de niños, niñas y adolescentes, las estrategias de prevención y las respuestas del sistema de justicia juvenil. El programa busca entregar herramientas para comprender e intervenir en estos fenómenos incorporando enfoques de derechos y las particularidades asociadas a la adolescencia.