Las encuestas de victimización tienen antecedentes
desde 1965, cuando se aplica la primera en Estados
Unidos. En buena parte de los países democráticos
desarrollados se realizan de manera periódica
y sus resultados se dan a conocer públicamente.
En nuestro país comienzan a aplicarse en la década
de los años noventa. Sin embargo, recién en 2003
se realiza una Encuesta Nacional Urbana en que
las entrevistas se realizan cara a cara y cuyos
resultados se dan a conocer a la sociedad. La
decisión gubernamental, de realizar anualmente
esta encuesta, a partir del año 2006, y con representatividad
nacional, constituye un paso adelante en materia
de políticas públicas dirigidas a reducir el delito
y la violencia.
La importancia de este tipo de instrumentos, radica
en la diversidad de ámbitos en los cuales permite
indagar, teniendo como informantes directos a
los propios ciudadanos. Estas encuestas estiman
el porcentaje de la población que ha sido victimizada
y por qué tipo de delitos, a la vez que indica
la magnitud de los delitos que, habiendo ocurrido,
no son denunciados a las policías u organismos
competentes. Además, permiten caracterizar a las
personas o grupos más proclives a ser víctimas
de aquellos delitos por los que se consulta. Conocer
las características de las víctimas, su apreciación
respecto de los organismos públicos que actúan
en el ámbito de la seguridad y las manifestaciones
de inseguridad objetiva que expresan, resulta
de gran importancia para los decisores de política.
El trabajo realizado por el profesor Olavarría
es precisamente un esfuerzo por caracterizar a
las víctimas de delitos en nuestro país, a partir
de un estudio realizado sobre los datos aportados
por la Encuesta Nacional Urbana 2003. Junto con
esta caracterización, el estudio compara la incidencia
de la victimización en Chile con la de los países
incluidos en la “International Crime Victim Survey”
de Naciones Unidas. Finalmente, busca identificar
las variables asociadas a sucesos de victimización
individual. Esta indagación se centra en las relaciones
existentes entre las características personales,
contextuales, la participación comunitaria y las
condiciones del barrio y la victimización.
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