La hipótesis que guió el texto sostiene que los altos niveles de violencia en los territorios estudiados se relacionan con falta de cohesión, confianza y la capacidad de actuación colectiva de los vecinos.

Con la presencia de la Directora de Paz Ciudadana, Francisca Werth;  Jorge Araya,  Jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior; Sergio Echeverría, Alcalde de San Joaquín y Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades y Hugo Frühling, Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC)  del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, se lanzó el libro “Violencia en Barrios Críticos” de la investigadora del CESC, Liliana Manzano.

Las implicancias para el diseño de políticas públicas que pueden desprenderse de un estudio de este tipo son de enorme interés, no sólo para Chile sino que también para otros países de la región.  La comprobación (total o parcial) de  la hipótesis implica que las políticas de prevención del delito a nivel local debiesen considerar la importancia de estimular el control social informal de los vecinos respecto de aquellas situaciones que pueden desencadenar violencia. De ello se deducen, por cierto, prioridades distintas en las políticas aplicables en esta materia: énfasis en estrategias dirigidas a trabajar con familias, escuelas y niños/adolescentes, buscando incentivar relaciones de confianza mutua y formar redes de apoyo, con el propósito de construir barrios más cohesionados y con mayores niveles de eficacia colectiva frente a problemas donde los mismos vecinos pueden tener un rol protagónico,  en el marco del respeto a la ley.

El libro nace de una investigación, realizada entre julio de 2007 y diciembre de 2008, que buscó analizar y comprender las complejas manifestaciones de la violencia, en las que participan individuos y grupos como víctimas y/o como victimarios. Son estos grupos vulnerables quienes suelen expresar niveles más altos de temor frente al delito y evidenciar una mayor proporción de víctimas de delitos contra las personas. En segundo lugar, el texto indagó en realidades que, por lo general, han mostrado ser resistentes frente a las políticas públicas y donde, a pesar de los esfuerzos invertidos, la disminución de los niveles de violencia sigue siendo un gran desafío para los gobiernos democráticos.

A partir de lo anterior, la investigación y en consecuencia el libro derivado de ella, propuso caracterizar una serie de aspectos que, desde los aportes de la Teoría Ecológica del Delito, podrían explicar – al menos en parte – la particular situación de delincuencia y violencia de dos territorios específicos: el barrio Legua Emergencia (Comuna de San Joaquín) y el barrio Yungay (Comuna de La Granja). Ésta trabajó con datos de caracterización socioeconómica y otros en materia de delincuencia (denuncias y detenciones policiales), disponibles para las unidades territoriales, los que se relacionaron con datos producidos en una encuesta original, en entrevistas y focus. Los datos entregaron información relevante sobre victimización, violencia, relaciones entre vecinos, confianza, capacidad para intervenir en el entorno (o control social informal), así como su apreciación sobre la presencia de instituciones públicas y privadas en el territorio y sobre el desempeño de las políticas específicas de control y prevención del delito.

La investigación indagó centralmente respecto del papel que juega el control social informal en los niveles delictuales y de violencia en barrios de similares condiciones socioeconómicas. La hipótesis que guió el estudio es que los altos niveles de violencia en los territorios estudiados se relacionan con la cohesión, confianza y la capacidad de actuación colectiva que expresan los vecinos, sin perjuicio de la existencia de otras causas socioeconómicas.

La pregunta que abre esta investigación para los gestores de políticas públicas es ¿Hasta qué punto y con qué herramientas es posible fortalecer la eficacia colectiva en barrios vulnerados? Si los barrios con mayores índices de violencia son aquellos con menores niveles de eficacia colectiva, lo que pone en evidencia las dificultades de los vecinos para ejercer control social informal sobre conductas que amenazan la convivencia, entonces ¿Qué pasos deberían priorizar las estrategias de prevención del delito para dotar a dichas comunidades de las condiciones mínimas para facilitar un mayor ejercicio del control y así ser eficaces para mejorar sus condiciones de vida?

Este estudio de casos arroja indicios interesantes respecto al rol e impacto potencial que puede tener la participación de los vecinos como factor que inhibe la expresión de la violencia en determinados territorios. Para que ello ocurra es preciso que exista una comunidad cohesionada en torno a valores comunes, en el territorio de que se trate. La predisposición a actuar para realizar objetivos comunes requiere que las personas tengan una identificación positiva con el lugar de residencia, esto es, que reconozcan en sí mismos y en otros un mínimo agrado con el barrio.

Un segundo requisito es que funcione y se reconozca el valor de la ley, asegurada a través del control social formal que ejercen las policías y el sistema de justicia penal. Para ello es necesario que exista un nivel mínimo de confianza de la comunidad en las policías y en la justicia, y que no se perciba a estas instituciones como impotentes frente al actuar del crimen organizado. La base de creencias en valores y objetivos comunes, así como en la efectividad de las instituciones del sistema de justicia penal, puede verse socavada o puesta en duda por situaciones de violencia largamente sostenidas en el tiempo.

 A partir de los hallazgos de esta investigación el CESC, desde el Área de Prevención del Delito, ha continuado sus estudios en materia de políticas dirigidas a reducir la violencia y el delito en vecindarios urbanos. Con ellas se espera responder de manera complementaria a preguntas que aún siguen abiertas: ¿Cuáles son las características que debieran tener las políticas en materia de reducción del delito y la violencia para ser eficientes? Y, por otra parte, ¿Cuáles estrategias pueden incluso tener efectos contraproducentes si se aplican en comunidades desconfiadas y reticentes a las intervenciones externas?