Fecha: Lunes 20 y martes 21 de noviembre de 2017
Ubicación: Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile,
ubicado en Santa Lucía 240, Santiago.
El día siguiente de las elecciones presidenciales en Chile, se vuelve un momento clave para la discusión sobre la capacidad de dotar de reflexividad e incrementalidad a las políticas públicas de seguridad ciudadana, luego de 17 años de avances y retrocesos.
Hoy prácticamente todos los países de la región cuentan con alguna fórmula de plan nacional de seguridad ciudadana/pública, que integra acciones en materia prevención, control y sanción; avanzan hacia intersectorialidad y la desconcentración –al menos en materia de prevención-; introducen algún tipo de mecanismo de participación comunitaria; propenden a mejorar la institucionalidad y a crear sistemas de información y evaluación. Pese a este reconocimiento de los aspectos clave que requiere contener una moderna política pública en la materia, el BID concluye que para América Latina y El Caribe la “falta de una gestión integrada (…) se manifiesta en la fragmentación institucional en la rectoría del sector, el fluctuante enfoque de las políticas públicas del sector, la cambiante normatividad, la falta de planeación y coordinación entre distintos niveles de gobierno, la poca estabilidad de los directivos, la poca profesionalización y la deficiente financiación”*.
Pareciera entonces que la dificultad de estas políticas para mostrar resultados perdurables radicaría no tanto a la falta de comprensión del problema ni al desconocimiento de los mejores caminos para abordarlo, sino a la ausencia de principios de gestión de ellas que resultarán claves para alcanzar éxitos duraderos en la reducción de las violencias y el crimen: coordinación horizontal y vertical, pública y privada; y transversalización en el Estado de un único enfoque en todos sus niveles.
Aun cuando tanto coordinación como transversalidad son enunciados en diversos instrumentos de gestión -particularmente la primera-, no han logrado materializarse en acciones concertadas que trasciendan efectivamente administraciones particulares. En un sentido similar, al trasladar este análisis al plano de las administraciones y gobiernos locales, nos encontramos con que dichas limitaciones se reproducen y agudizan, y que los avances vistos en el nivel nacional, no encuentran necesariamente correlato en el plano local.
* Banco Interamericano de Desarrollo, documento Marco sectorial Seguridad y Justicia 2017, pg. 40
La actividad se organiza en dos jornadas de trabajo. La primera de ellas buscará abordar los temas generales en torno a coordinación y transversalidad; mientras que la segunda ahonda en dos aspectos particulares que determinan, en buena medida, la capacidad de coordinar y transversalizar las acciones.
DÍA 1 | Lunes 20 de noviembre. 15:00 a 17:30 hrs.
Panel: De la políticas públicas de gobierno a la política de Estado.
El fin último de la coordinación -horizontal y vertical, pública y privada- y la transversalización -en el Estado de un único enfoque en todos sus niveles- es lograr mitigar de manera perdurable los problemas asociados a las violencias y el crimen. Ambos conceptos se orientan a consolidar una política de Estado que permita que acciones públicas y privadas logren complementarse, retroalimentarse y ser efectivamente incrementales.
- Objetivo
Analizar, desde la experiencia nacional y comparada, la evolución de las políticas y programas de seguridad pública/ciudadana con miras a su proyección para la efectiva y sostenida reducción de las violencias y los delitos.
- Preguntas orientadoras
Desde una perspectiva comparada: ¿cuáles han sido las principales lecciones aprendidas en el diseño e implementación de políticas y programas dirigidos a la reducción de violencias y delitos?, ¿qué ventajas y desventajas tiene la noción de prácticas basadas en evidencia (evidence-based practice) para el diseño de estrategias? ¿cómo se ha abordado de coordinación?, ¿qué estrategias facilitan la incrementalidad de las acciones?
En el desarrollo de la política nacional: ¿cuáles han sido los principales avances y retrocesos de las estrategias y programas nacionales y locales dirigidos a la reducción de violencias y delitos?, , ¿cómo se recoge la evidencia internacional de mejores prácticas?, ¿cuáles son las limitaciones de su aplicabilidad en el contexto nacional?. ¿Es posible hablar de un enfoque en materia de seguridad instalado transversalmente en el Estado?, ¿qué incentivos y desincentivos para la coordinación se incorporan en su diseño?
- Participantes:
Modera: Alejandra Mohor, CESC.
- Hugo Frühling, Director Instituto de Asuntos Públicos.
- Henry Campos Coa, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano y Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la ACHM.
- Antonio Frey, Ex Subsecretario de la SPD y Ex Director de Seguridad de la Ilustre Municipalidad de Santiago.
- Rosemary Barberet, Académica John Jay College of Criminal Justice (EE.UU.)
- Hung-En Sung, Académico John Jay College of Criminal Justice (EE.UU.)
DÍA 2 | Martes 21 de noviembre. 09:00 a 11:00 horas
Se desarrollarán bloques simultáneos de mesas de trabajo que abordarán aspectos claves de las etapas de gestión de seguridad ciudadana, tales como: la prevención, el control y el sistema de evaluación.
La mesa discutirá entorno a una pregunta provocadora de discusión que presentará el moderador, para luego disponer de periodo de conversación.
Mesa A: Articulación de intereses sectoriales e institucionales
- Objetivo
Analizar, desde la experiencia nacional y comparada, aquellos elementos claves que han obstaculizado/facilitado la articulación intersectorial para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas coordinadas en materia de seguridad ciudadana.
- Preguntas orientadoras
- ¿Qué sectores/actores están llamados a interactuar en las políticas de seguridad ciudadana?,¿ qué roles asume cada cual?
- ¿Cómo debe entenderse la coordinación?, ¿a qué refiere la transversalidad?
- ¿Qué estrategias han mostrado ser más exitosas para superar la desarticulación y potenciar la coordinación?
- Participantes:
Modera: Diego Piñol, CESC.
- Eduardo Pazinato, Director de Innovación Instituto Fidedigna (Brasil)
- Hung-En Sung, Académico John Jay College of Criminal Justice (EE.UU.)
Mesa B: Evaluación para la consolidación y progresividad
- Objetivo
Analizar, desde la experiencia nacional y comparada, el rol que cumple la evaluación, en sus diversos niveles, para la implementación de acciones basadas en evidencia que permitan la incrementalidad de la política pública.
- Preguntas orientadoras
- ¿Qué aporta la evaluación para la mejora en las políticas y programas?
- ¿Qué tipos de evaluaciones se desarrollan con mayor habitualidad?, ¿tienes éstas un efecto concreto en la toma de decisiones?
- ¿Cómo se recoge el enfoque de prácticas basadas en evidencia?, ¿cuál es la importancia de adecuación de ‘lo que sirve’ (What Works)?
- Participantes:
Modera: Rodrigo Salas, CESC.
- Juan Carlos Ruiz, Académico Universidad del Rosario (Colombia)
- Alejandra Mohor, Coordinadora Área de Investigación CESC.
- Ernesto Gónzalez, Coordinador Evaluaciones Comprehensivas del Gasto DIPRES.
